El decreto 124/011 del 1º de abril de 2011 estableció las normas contables de aplicación obligatoria por parte de la mayoría de los emisores de valores públicos en los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2012, sin desmedro que se admite su aplicación anticipada y también su aplicación posterior por quienes dejan de calificar como emisores de valores públicos. Resulta de interés analizar los antecedentes inmediatos de esta disposición, sus particularidades y su trascendencia en el contexto general de las normas contables de aplicación obligatoria en Uruguay.

El 16 de diciembre de 2010 el Mercosur adoptó su Decisión CMC Nº 31/010, la cual en lo sustancial aprobó la "Reglamentación Mínima del Mercado de Capitales sobre la elaboración y divulgación de los estados financieros".A su vez, esta reglamentación básicamente establece que las sociedades con oferta pública autorizada que deseen negociar sus valores en el ámbito del MERCOSUR deberán, a partir de los ejercicios iniciados en 2012, presentar sus estados financieros trimestrales y anuales de acuerdo a las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB. La referencia es de hecho a todas las normas emitidas por el IASB salvo la NIIF para PYMES, es decir al conjunto normativo que suele denominarse NIIF completas.

El 28 de marzo de 2011 el BCU, a través de la circular 2083, incorporó a la Recopilación de Normas del Mercado de Valores el artículo 71.1 que textualmente establece: "Los Emisores de Valores que deseen negociar sus valores en el ámbito del MERCOSUR deberán dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Decisión CMC Nº 31/10 “Reglamentación Mínima del Mercado de Capitales sobre la elaboración y divulgación de los estados financieros” de fecha 16.12.10, la que se incorpora a la reglamentación".De todos modos se mantiene plenamente vigente elartículo 71 cuyo primer inciso expresa: "Los Emisores de Valores deberán elaborar los estados contables de acuerdo con las normas contables establecidas en la legislación para sociedades comerciales y su reglamentación."

Es en este contexto que, justamente a instancias del BCU, surge el decreto 124/011. Aunque en principio coincidente con los antecedentes expuestos, en al menos dos aspectos se diferencia real o potencialmente de los mismos:

  • Excluye de sus disposiciones a las instituciones de intermediación financiera, a los entes autónomos y a los servicios descentralizados.Parte de ellos son sociedades que están obligados por la decisión del Mercosur.
  • Agrega que la vigencia de cada norma adoptada por el IASB será la establecida en la misma, sin ninguna restricción de ningún tipo. No puede asegurarse ni descartarse que sea exactamente el espíritu de la decisión del Mercosur o lo que efectivamente adopten los demás estados miembros.


Por razones de jerarquía, y de hecho también por razones cronológicas, el decreto 124/011 prevalece en lo pertinente frente a la circular 2083. Al presente el BCU parece entender que no existe colisión entre ambas disposiciones o que las mismas pueden coexistir pacíficamente; aquí no se profundiza en las normas propias del BCU, las cuales se toman en cuenta sólo para mejor comprender el decreto de interés.

Como ya fue dicho, el decreto 124/011 fue emitido a instancias del BCU. Cabe agregar que fue emitido sin siquiera mencionar a la Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas, creada justamente para asesorar al Poder Ejecutivo en la materia y de la cual forma parte el propio BCU. Podría sostenerse que se trata de normas particulares para un conjunto específico de emisores de estados contables; sin embargo:

  • La dispersión asistemática de conjuntos normativos diferentes para distintos grupos de emisores parece al menos una desprolijidad y podría hacer dudar del compromiso para aplicar las normas internacionales de contabilidad a otros emisores de estados contables.
  • Los obligados por el nuevo decreto estaban ya obligados por las normas de aplicación más general. Una entidad debe migrar a las normas del nuevo decreto si comienza a emitir valores públicos, incluso si esto es de muy relativa significación en el contexto de sus actividades habituales y cualesquiera sean éstas.

Como también ya fue dicho, el decreto 124/011 hace obligatorias las normas adoptadas por el IASB desde la fecha de vigencia establecida por el mismo IASB. No exige explícitamente la traducción de dichas normas al español ni la publicación en Uruguay de dichas traducciones, todo lo cual permitiría cuestionar la legalidad del decreto; más allá de lo ya mencionado, no es éste un aspecto cuya discusión interese aquí.

El decreto 124/011 declara sin aplicación, sólo para los emisores de valores públicos obligados por el mismo, los decretos 103/991, 99/009, 538/009 y 37/010. Consecuentemente y en particular:

  • Las entidades comprendidas en el decreto 124/011 no están obligadas a emitir sus estados contables siguiendo los modelos o ejemplos del decreto 103/991, ni están obligados a respetar los criterios de clasificación y exposición de este otro decreto. Al presente, sin embargo, no se conoce que estas entidades tengan otra posibilidad para registrar sus estados contables en la AIN.
  • Estas entidades no están obligadas a ajustar sus estados contables por inflación, lo cual al presente deben decidir a la luz de la NIC 29. Además, en caso de ajustar por inflación, queda a su buen juicio elegir el índice general de precios a utilizar.
  • Estos emisores, en el caso que deban presentar estados consolidados, no estarían obligados a presentar también estados contables separados o individuales; de hecho, sin embargo, las normas del BCU exigen su presentación. Incluso así, en los estados individuales ya no deberán ni podrán presentarlas inversiones en subsidiarias, asociadas y empresas conjuntasaplicando el método de la participación.

Aunque el decreto 266/007 -considerado el más importante en esta temática para la generalidad de las sociedades comerciales- sigue siendo formalmente aplicable también para los obligados por el decreto 124/011, en la práctica el segundo ha sustituido completamente al primero. Cabe agregar que el decreto 135/007 sobre normas contables simplificadas nunca fue aplicable por los emisores de valores de oferta pública.

Cualquiera sea la evaluación que se haga del decreto 124/011, el mismo constituirá un antecedente ineludible para los emisores de estados contables que en el futuro deban aplicar las NIIF completas. Esto no significa que necesariamente se adopten los criterios de dicho decreto, ni mucho menos que una gran cantidad de entidades deban aplicar las NIIF completas. En definitiva y a modo de conclusión final, el decreto aquí analizado puede apurar el efectivo advenimiento de ese futuro que ahora apenas se está imaginando.

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